El Celta salvará el último gran obstáculo que quedaba para culminar con éxito el proceso concursal. Los representantes del club han alcanzado un acuerdo verbal con Hacienda sobre las condiciones de pago de la deuda. Se desbloquea así un asunto que amenazaba con hacer naufragar todo el proceso concursal. El pacto se concretará sobre papel de forma oficial en los próximos días.
El Celta había encallado en Hacienda después de atar otros cabos cruciales. Primero, arregló un convenio con Caixanova, su acreedor ordinario mayoritario, que le garantiza la aprobación de la quita en la junta de acreedores. Después, el Concello de Vigo aceptó ampliar el convenio de cesión de Balaídos por veinte años, con el valor en que eso se traduce. Faltaba la Agencia Tributaria, con la que el pulso ha sido largo y extenuante.Hacienda, sumando deudas ordinarias, subordinadas y privilegiadas, es a quien el Celta debe más dinero. En total, 33 millones de euros. Lo que ha estado en cuestión durante estas semanas de tira y afloja no ha sido la deuda en sí sino el pago de los intereses de demora.
Desde Praza de España, durante la mayor parte de las gestiones, se quiso enviar un mensaje optimista. “Faltan días”, “se va avanzando”, decían. En realidad, la preocupación iba en aumento ante la inflexibilidad que encontraban en sus interlocutores. Fueron consiguiendo al menos elevar el grado de estos. De los funcionarios de Vigo pasaron a los de A Coruña; de allí a Madrid, con los que han estado negociando en los últimos días. El presidente celeste, Carlos Mouriño, decidió apostar fuerte y expresó en voz alta lo que ya había comunicado en la intimidad de forma reiterada. “Si no llegamos a un acuerdo con Hacienda puede que yo me vaya”, reveló en una entrevista con Faro de Vigo. No será necesario. Aunque no han trascendido los detalles del acuerdo, se supone que ambas partes han cedido de algún modo en sus pretensiones y que las condiciones finales son asumibles para el Celta.
Este acuerdo, ahora verbal y pronto oficial, supone la conclusión exitosa del proceso concursal aunque aún falten trámites. El primero será convocar la junta de acreedores, con el voto favorable asegurado para su plan de viabilidad y pagos. Se baraja como fecha probable finales de junio o julio. El club también tiene que convocar una asamblea extraordinaria de accionistas para aprobar una ampliación de capital, en la que se permitiría capitalizar en acciones una parte de la deuda. No es necesario que esta ampliación de capital se produzca antes de la firma del convenio de acreedores.
Ya quedará entonces en manos del juez dictar el final del proceso concursal y eximir de sus funciones a los administradores que están fiscalizando el club. El consejo volvería a asumir todo el poder, aunque obligado a cumplir sus previsiones económicas.
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